Gobierno sacará tractores contra el paro y la Iglesia reclama por el censo

Comienza el segundo paro interinstitucional por el censo en 2023 y, en esta ocasión, el Gobierno anunció que empleará tractores para despejar las vías y rotondas que sean bloqueadas en el contexto de esta protesta. El arzobispo de Santa Cruz, René Leigue, dijo que esto no hubiese pasado si el Instituto Nacional de Estadística (INE) hacía su trabajo.

“La lucha que se está haciendo no es por uno, no es por un grupo, no es político ni de un grupo de personas, es por cada uno de nosotros. Esto no hubiera pasado si se hubieran cumplido las leyes, es lo único que estamos fallando. Diez años se ha tenido para trabajar el censo y no se lo ha hecho”, afirmó el prelado en su homilia.

El vicepresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Fernando Larach, aseguró  que cerca del 95% de las instituciones cruceñas acatarán la medida, que ahora será por 48 horas. “El paro ya está coordinado; nos hemos reunido con todas las organizaciones, salvo con aquellas que han sufrido extorsión o tienen afinidad política con el Gobierno”, afirmó.

Por su lado, los ministros de Gobierno, Eduardo del Castillo, y de Obras Públicas, Édgar Montaño, instalaron sus bases de operaciones para resistir la medida y desarrollaron reuniones con organizaciones sociales y sindicales. El sábado por la noche, Del Castillo exhibió un acuerdo que alcanzó con el Sindicato de Transportistas 16 de Noviembre de Santa Cruz. “Esta organización aglutina a casi la totalidad del transporte en la ciudad de Santa Cruz. Están solicitando apoyo, porque no están de acuerdo con la asfixia económica en el departamento”, afirmó.

Además, en esa reunión, participó el comandante departamental de la Policía, Jhonny Omar Chávez, un aspecto que fue observado por dirigentes cívicos y del Comité Interinstitucional.

“Junto con la Policía, el Ministro de Gobierno debería estar en Las Londras y en Guarayos, solucionando los problemas de tierra y arrestando a los secuestradores de periodistas; son delincuentes armados que amenazaron a la Policía. Son gallitos aquí en la ciudad; vayan a la provincia, pónganse los pantalones y actúen donde corresponde”, reaccionó Larach.

“Me quedo aquí, en Santa Cruz, porque efectivamente hay que hacer limpieza en las avenidas, en la red vial fundamental. Vamos a tener tractores, equipo pesado, y pongo a disposición nuestro número telefónico para que nos puedan convocar y hacer limpieza”, afirmó Montaño ayer junto a varias dirigentes vecinales que llegaron hasta las oficinas de Bolivia TV, en Santa Cruz de la Sierra.

En ese contexto, aseguró que “la Policía debe hacer su trabajo y la Justicia hacer respetar la Constitución Política del Estado”, apuntó.

La pasada semana, ciudadanos afiliados a la Federación de Campesinos de Santa Cruz, protagonizaron al menos seis puntos de bloqueo para exigir tierras. Esa protesta dejó a la capital semiaislada con pérdidas millonarias, según empresarios y ganaderos.

Montaño dijo que eso “no se puede comparar con el paro” porque la medida por el censo, según sus cálculos, provocará pérdidas por $us 64 millones en dos días de paro. Días atrás, cuando el bloqueo de los campesinos estaba activo, Montaño indicó que se perdieron Bs 2 millones por la merma en la recaudación de peajes por parte de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). “No es lo mismo”, apuntó y, de hecho, la policía no se movilizó ante esa protesta que impidió el libre tránsito. Hubo desbloqueos ciudadanos, heridos y al menos dos muertos.

Durante las reuniones con los sectores sociales, ni Montaño ni Del Castillo se refirieron al censo, pero reivindicaron el derecho de las personas a trabajar y circular.

Ayer por la tarde, un grupo de activistas de plataformas ciudadanas protagonizó un mitin a los pies del monumento al Cristo Redentor. Anunciaron la instalación de ollas comunes para respaldar la lucha para que el censo se haga en 2023 y no demorarlo más, señaló la activista Jessica Red.

EL DEBER visitó ayer el mercado Abasto, ubicado en el Tercer Anillo y la avenida Piraí. Hubo mucho más demanda de lo habitual. Leonora Tarqui vende carne y notó que había mucha más gente. Tras ser consultada sobre si la atención se mantendría durante el paro prefirió no responder.

Los compradores fueron a abastecerse, tomando las previsiones del paro de 48 horas.

Fernando Pacheco, secretario de Salud de la Gobernación, informó que para los días de paro (8 y 9 de agosto) se está activando todo el sistema de salud, reforzando las emergencias con un plan de contingencia ante cualquier incidente.

Pacheco anticipó que, a pesar del paro, se habilitarán puntos transitorios para que la ciudadanía pueda completar su esquema de vacunación contra el virus en diversos lugares de la ciudad, en caso de no contar con algún centro de salud cerca a su domicilio.

Dependencias públicas como la del Servicio de Identificación Personal (Segip), Impuestos Nacionales y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (Inra) anunciaron que trabajarán con normalidad, al igual que la estatal Boliviana de Aviación (BoA), que ayer tuvo que reprogramar varios de sus vuelos, precisamente, para este lunes “por condiciones climatológicas”.

El Aeropuerto Internacional de Viru Viru atenderá vuelos nacionales e internacionales de manera regular, así como todas sus conexiones, anunció ayer la empresa estatal Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol). El sector privado no emitió ningún comunicado, como lo hizo durante el paro del 25 de julio, cuando respaldó la medida de presión.

En cuanto a los servicios municipales, el alcalde Jhonny Fernández, anunció que todos los servicios estarán activos, porque “el gobierno municipal no acatará”.la protesta.

“Basta que nos estén presionando; el que quiera trabajar tiene que trabajar”, alentó el alcalde durante este fin de semana. La autoridad se reunió con varias organizaciones para alentar la mesa técnica que el INE prevé instalar el 15 de agosto en Santa Cruz. El Gobierno afirmó que se está “socializando” el proceso censal, aunque hasta ahora no se divulgó el nuevo cronograma del censo.

La gran encuesta es una herramienta imprescindible para el pacto fiscal, un procedimiento establecido en la Ley de Autonomías para asignar escaños en el Legislativo y recursos económicos de la coparticipación tributaria en función de la cantidad de habitantes de cada municipio y departamento. El próximo censo de población y vivienda fue fijado inicialmente para el 16 de noviembre de este año, pero el Decreto 4760 lo postergó hasta el primer semestre de 2024, un año antes de los comicios nacionales.

El Gobierno asegura que el diferimiento de la encuesta se dio sobre la base de un “consenso” con gobernadores, alcaldes y rectores de las universidades públicas. Eso sí, asegura que activó un proceso de “diálogo técnico” en el marco del Decreto 2470 para que el INE fije la fecha exacta de la consulta, un día entre mayo y junio de 2024.

El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, señaló que no encontró “voluntad política del Gobierno” para dialogar sobre el censo. Recordó que desde febrero, cuando no existía ningún conflicto, envió notas para pedir información al INE sobre el empadronamiento. “Nunca nos respondieron”, afirmó la autoridad que preside el Comité Interinstitucional del Censo. Cuéllar, junto con los rectores del sistema público de universidades, se reunió el 4 de agosto con el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, y los especialistas del Instituto “Ese día no nos han dado detalle alguno del cronograma del censo, expusieron solo generalidades”, afirmó la autoridad académica.

Durante una entrevista con el programa Qué Semana de EL DEBER-Radio, Cuéllar afirmó que la medida se podía desactivar si las autoridades del Ejecutivo abrían el diálogo para que se puedan conocer las razones reales de la postergación del censo y, así, instalar una mesa “técnica” para establecer la fecha de la encuesta.

El Gobierno anunció, cuando el plan era hacer el censo este año, que se iban a procesar los datos del censo en un año. Con la nueva reprogramación, los resultados de ese empadronamiento estarían para 2025, el año en el que el país elegirá al presidente del Estado.

MOVILIZACIÓN
Los cívicos en las provincias aseguran que van a paralizar actividades en demanda del censo en 2023. El MAS se moviliza para frenar la medida.

SERVICIOS
Los servicios de urgencia que son provistos por la Gobernación estarán disponibles. La Alcaldía no acatará el paro.