La normativa declara imprescriptibles los delitos perpetrados contra niños, niñas y adolescentes. Desde varios sectores reclaman, además, políticas para prevenir todo tipo de violencia contra este sector.

26 de marzo de 2024, 8:11 AM
26 de marzo de 2024, 8:11 AM

Segundo intento. El presidente Luis Arce presentó ayer a la Asamblea Legislativa Plurinacional un anteproyecto de ley que modifica varios tipos penales, ajusta procedimientos de investigación, así como la sanción de delitos contra niños, niñas y adolescentes.

En septiembre de 2022, el Legislativo rechazó una propuesta similar y por eso, el mandatario instó a los legisladores a validar esta iniciativa hasta el próximo 12 de abril, el Día del Niño Boliviano.

El anteproyecto de la Ley de Protección Reforzada para Infantes, Niñas, Niños y Adolescentes modifica dos artículos del Código de Procedimiento Penal sobre la imprescriptibilidad. También modifica seis artículos del Código Penal sobre el encubrimiento en caso de violación y abuso sexual. Así, según el mandatario, se incorporó un artículo en el Código Penal sobre violación incestuosa.

“Estas normas buscan reforzar las sentencias o el castigo para quienes intenten cometer violencia, contra nuestros niños y adolescentes”, dijo poco antes de citar un informe de la Fiscalía sobre estos delitos. Según ese reporte desde 2021 hubo 120 casos de infanticidios, de los cuales, menos de la mitad terminó en condena.

Ese informe también señala que entre 2020 y 2022, se han reportado 5.063 delitos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes; 4.393 delitos de estupro; 4.785 delitos de violación; 4.141 delitos de violencia intrafamiliar; 151 delitos de pornografía y 24 delitos de violencia sexual comercial”.

El ministro de Justicia, Iván Lima, dijo que “por primera vez se legislará el derecho a la verdad y especialmente para aquellos que en su infancia y adolescencia han sido víctimas de estos abusos”.

El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé dijo ayer que lo que se necesita es desarrollar una política criminal que prevenga y sancione el delito, pero que también se ocupe de las víctimas.

“Sin una reforma estructural del sistema judicial, subsistirán los problemas”, manifestó.

Arleti Tordoya, del equipo jurídico de Mujeres Creando, manifestó que son precursoras del proyecto. En cuanto a las sanciones penales, dijo que el sistema carcelario es pésimo y no garantiza una protección de los derechos. “Tenemos derechos ganados de los niños, pero no son asumidos oportunamente”, apuntó.

Además, comentó que la carencia de una asistencia familiar es una forma de violencia. “Las cárceles están repletas, a veces, los padres son encerrados y salen con rencor. La asistencia familiar no busca estropear la libertad de nadie, es un tema de derechos ganados”, añadió Tordoya.