El asesinato de tres policías ocurrido el martes en la zona del Urubó, ubicado en el municipio cruceño de Porongo, ha encendido al menos tres alertas.

Primero. La oposición ve una supuesta “permisividad” y “tolerancia” del Gobierno con organizaciones criminales que sustentan a la actividad del narcotráfico. El oficialismo exigió a la Policía una “oportuna y rápida” investigación y expresó su preocupación. “Entiendo que la población siente miedo en este momento y estoy seguro que cualquiera que quisiera hacer una investigación mucho más profunda, corre el riesgo de perder la vida”, dijo ayer a la prensa el jefe de bancada del MAS, el diputado Gualberto Arispe.

Segundo. Dos expertos creen que las organizaciones criminales “le están perdiendo el respeto” a las fuerzas del orden, cuyos efectivos adolecen del equipamiento necesario para enfrentar el delito. A esto se suma la pérdida de confianza ciudadana en la Policía. Franklin Alcaraz, especialista en las políticas públicas para enfrentar al narcotráfico, señaló que si se corrobora la presencia del narcotráfico en este caso “el país pasa a un escenario muy peligroso” en el que la fuerza pública pierde el control del crimen organizado.

“Es peligroso que el narcotráfico esté perdiendo el miedo a ejercer sus actividades y a amedrentar a la sociedad en su conjunto para que nadie abra la boca ni diga nada, de manera que todas sus actividades queden impunes y silenciadas por la autocensura o el miedo que infunde en la sociedad”, sostuvo Alcaraz, pero advirtió que aún hace falta que las investigaciones establezcan si efectivamente, el crimen del Urubó estuvo protagonizado por organizaciones del narcotráfico.

Franco Gamboa, un sociólogo especializado en políticas públicas, consideró que “efectivamente existe el riesgo de que las organizaciones criminales pierdan el respeto a la Policía, pero por la falta de recursos de esta institución y por los escándalos de corrupción”.

En un tercer nivel está el criterio de exfiscales que reclaman más controles preventivos de seguridad y perciben fallas en la coordinación entre los equipos operativos que despliega la institución del orden. “El hecho nos dice que hay una inseguridad tremenda; que hay gente peligrosa y que no se hace los seguimientos. Esta es una alerta que no debe pasar por alto” consideró el exfiscal Gomer Padilla, quien, desde su especialidad, observó la falta de coordinación entre instituciones del Estado como, por ejemplo, Migración, la Policía y la Fiscalía.

El exfiscal antidroga Jodael Bravo también advirtió la existencia de una falta de coordinación estatal a partir de las “tres versiones distintas que se escucharon” desde que se produjo el crimen hasta el informe que brindó el comandante de la Policía, Jhonny Aguilera.

“Estamos frente a algo mayor que se debe esclarecer”, pero, además, “hay una lección para el alto mando policial: No se puede permitir que nuestros policías sufran esta situación. Tiene que haber mayor presencia en el área metropolitana de Santa Cruz”, señaló Bravo.

Pero las reacciones estallaron desde muy temprano. Comenzó el expresidente Carlos Mesa, quien demandó celeridad para esclarecer los hechos que tuvieron lugar el martes por la tarde. “Años de permisividad y convivencia cómplice con el narcotráfico instalaron en Bolivia una criminalidad organizada que penetró las instituciones y desangra a la sociedad”, dijo el también líder de la opositora Comunidad Ciudadana (CC).

Por su lado, Saúl Lara, exministro de Gobierno y diputado por CC, afirmó que “este crimen tiene todo el sabor, las señales, los elementos, las condiciones, para que eso haya ocurrido de esa manera”.

“El crimen organizado, que es transnacional y millonario, penetra con facilidad las estructuras de un país y una sociedad, en varios niveles, la Policía, la Fiscalía y el poder político y así, esta puede ser la constatación de la presencia de cárteles”, subrayó Lara, quien pidió un informe al Ministerio de Gobierno sobre este hecho. “Las respuestas pueden ser emitidas bajo reserva”, apuntó el diputado.

Tras ser consultado sobre la posible existencia de un cártel de la droga, Arispe (MAS) no lo negó, pero insistió en no llevar este caso al escenario del debate político. “Si se habla de estas personas metidas en el narcotráfico, seguramente que hay indicios con anterioridad (que tiene) la Policía, que se encarga de hacer estas investigaciones. Sobre estos indicios habrá que profundizar la investigación y dar con los responsables de haber acabado con la vida de estos policías”, afirmó

El comandante de la Policía, el general Jhonny Aguilera, señaló ayer que el ciudadano Misael Nallar es la persona que está detrás de la ejecución de tres policías en el Urubó. Aseguró, sin embargo, que ni este sujeto ni el grupo de ciudadanos colombianos que lo acompañó cuando se produjo el crimen, tienen antecedentes de narcotráfico. Eso sí, reveló que el triple asesinato se cometió con armas largas de uso militar por el examen a la munición disparada. ¿Quién es Nallar? En junio de 2017 ingresó una demanda de divorcio en su contra. El documento señala que estaba casado con M. R. Lima Lobo Román, hija de Jesús Einar Lima Lobo, quien el pasado año fue extraditado a Brasil por delitos relacionados con el tráfico internacional de drogas.

En todo caso, Alcaraz planteó la necesidad de que “para las investigaciones se tome en cuenta que la Policía esté fuera de cualquier tipo de infiltración como la que ha tenido anteriormente del narcotráfico en sus filas”. El experto alentó “a provocar una reflexión en la sociedad para que comience a darse cuenta que el país no puede llegar a un círculo de violencia de este tipo”. “Esto nos va a traer gravísimas consecuencias, como ocurre en algunas zonas donde el narcotráfico ha sentado sus raíces”, apostilló Franklin Alcaraz.

“El narcotráfico se ha incrementado gravemente, se ha infiltrado en las instituciones e incluso, el propio Ministro de Gobierno denunció que hay asambleístas nacionales que tienen tratos con el narcotráfico”, cuestionó el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y líder de la alianza opositora Creemos.

El diputado Walthy Égüez, de Creemos, consideró que “el Estado boliviano está perdiendo la batalla contra el narcotráfico y, por lo tanto, se debe pedir ayuda a organismos internacionales para poder enfrentarlo”. Advirtió de una crisis de inseguridad que se puede convertir “insostenible”.

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