Inatención a peticiones de informe sobre YPFB muestra que el Gobierno “no quiere revelar datos comprometedores” del sector, según legisladores

Desde principios de esta gestión, legisladores del Creemos, del Movimiento al Socialismo (MAS) y de Comunidad Ciudadana (CC) enviaron a través de la Cámara de Diputados peticiones de informe al Ministerio de Hidrocarburos para que brinde información sobre las operaciones de YPFB en el sector de hidrocarburos. La mayoría de estos requerimientos no fue aún respondido.

La última petición fue enviada por el diputado oficialista Hernán Hinojosa, quien solicitó al presidente de la petrolera estatal, Armin Dorgathen, explicaciones sobre por qué una empresa internacionalmente cuestionada como Trafigura fue contratada de manera directa.

“Los plazos se han cumplido y no hemos tenido respuesta”. Así que en los próximos días “vamos a reiterar la petición de informe” para saber por qué una empresa “que coimea” y que tiene denuncias en varios países se adjudicó contratos de YPFB, afirmó el legislador.

Otro punto a aclarar, indicó, es por qué Mauricio Marañón, ex gerente de Comercialización de la petrolera estatal, que renunció en 2015 tras estallar el escándalo de las narcocisternas, es el representante de Trafigura en Bolivia y por qué “tendría relación directa con el actual presidente de YPFB”.

Antes de esa petición fue enviada otra por el también diputado oficialista Rolando Cuéllar, exigiendo a la petrolera estatal un informe sobre presuntos casos de nepotismo dentro de la corporación estatal.

Según informó en su momento el propio Cuéllar, este requerimiento fue hecho a fines de enero a través de una petición de informe que fue remitida a la Cámara de Diputados. Dos semanas después, el 15 de febrero, el legislador aseguró que ya tenía en sus manos el informe y que lo estaba revisando a detalle.

El 20 de junio, Cuéllar dijo a EL DEBER que aún no le entregaron ese informe y que Dorgathen le indicó que eso se cumpliría hasta el viernes 24 de junio. Hoy lunes, 27 de junio, el documento aún no está en su poder.

En enero, el diputado del MAS denunció que 146 trabajadores de YPFB allegados al máximo ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD) de Santa Cruz, Rolando Borda, están declarados en comisión por ocupar cargos sindicales. Denunció también que Borda aprovecha su afinidad con el oficialismo para colocar a sus familiares en cargos importantes en la petrolera estatal y con sueldos elevados.

Tras la denuncia, YPFB emitió un comunicado en el que indica que  iniciará una investigación sobre las denuncias de nepotismo que existen contra Borda y que, además, solicitará el detalle sobre los 146 funcionarios que supuestamente no trabajan, pues están declarados en comisión.

Cuéllar atribuyó el retraso de cinco meses en la entrega del informe sobre nepotismo a errores de procedimiento cometidos por su equipo jurídico y a la cantidad de peticiones de informe que llegan a la Cámara de Diputados. Una vez reciba la información, “proseguiremos con las denuncias ante el Ministerio Público”, sostuvo.

Otro ejemplo de inatención a requerimientos legislativos de información son las cuatro peticiones de informe envidas en enero por el diputado de Creemos Erwin Bazán para aclarar cuestionamientos sobre la provisión de diésel y gasolina en el mercado nacional, sobre las declaraciones en comisión de dirigentes en YPFB Logística y sobre otras de presuntas irregularidades en la empresa estatal.

Esta falta de transparencia en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos se debe “a una actitud arbitraria del Gobierno, que no quiere revelar datos comprometedores” de la cadena hidrocarburífera, dijo Carlos Alarcón, jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC) en la Cámara de Diputados.

Datos de ese partido político dan cuenta que, entre diciembre de 2020 y marzo de 2022, los legisladores de ese frente político enviaron al Ministerio de Hidrocarburos, a través de la Cámara de Diputados, al menos 10 peticiones de informe para conocer detalles de la cadena hidrocaburífera. Solo dos fueron respondidos.

Hinojosa consideró que la falta de respuesta a su petición de informe se debe a que “están tratando de acomodar” la información, “porque el que nada hace, nada teme". “Deberían responder en los plazos que estipula la ley”, subrayó.

Ante estos inatenciones, el Reglamento de Diputados establece que el Presidente de la Cámara enviará una conminatoria a la autoridad que recibió la petición de informe para que, de forma obligatoria, atienda el requerimiento en un plazo de cinco días. No obstante, este procedimiento quedó trunco luego de que a inicios de 2021 la presidencia camaral informara que “ya no se enviarían conminatorias, solo cartas de reclamo”, indicó Bazán, a fines de enero de este año.

Esta carta, sin embargo, “no tiene ningún efecto legal ni fuerza coercitiva dentro del proceso fiscalizador, es un saludo a la bandera”, dijo Bazán.

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